El objetivo de estas páginas es invitar a los lectores -funcionarios, especialistas, directivos, docentes y también a los alumnos y sus familias- a que se apropien de esta sistematización de buenas prácticas. Porque sin información, sin intercambio de experiencias y sin un debate genuino entre todos los estamentos de la sociedad, hacer de la educación un derecho plenamente ejercido continuará siendo una tarea pendiente

Este trabajo se propone revisar la dimensión evaluativa de un conjunto seleccionado de programas dirigidos a la disminución del fracaso escolar y la equiparación de oportunidades de aprendizaje en distintos países de América Latinan en los últimos quince años. Este tipo de programas reformuló las políticas compensatorias, propias de la década de 1990, en el marco de acciones para moderar o disminuir las inequidades en el acceso a la educación llevadas adelante en diversos países de la región. Las gestiones educativas orientaron mayores esfuerzos hacia los sectores más desfavorecidos, tanto por la persistencia de los problemas de exclusión educativa como por la necesidad complementar otras políticas sociales tendientes a abordar los problemas derivados de la pobreza y la desigualdad social. Diferentes estrategias y programas procuraron atender a los problemas del fracaso, a romper con su naturalización y con la rutina de “dar más de lo mismo” a los niños que ya enfrentaron dificultades. En ese camino se buscaron alternativas al típico tratamiento homogéneo de situaciones diferentes y puntos de partida distintos en relación con la enseñanza y el aprendizaje, lo cual está en la base de muchas situaciones de fracaso escolar. Estos programas reflejaron la acción de diversos niveles de los Estados nacionales, la iniciativa de organizaciones del tercer sector y la promoción de organismos internacionales. Algunos tomaron aspectos focales y otros trataron de abordar el problema del fracaso escolar desde varias de sus múltiples aristas Por las características de los programas involucrados, la evaluación de mejoras en el rendimiento de los alumnos parece una condición necesaria, ya que el propósito declarado de muchas de estas políticas es que las mejoras en la retención y terminalidad se produzcan por una reducción efectiva de la brecha entre aprendizajes. También es necesaria para debilitar la creencia que despiertan este tipo de acciones: “se pretende bajar la calidad”. Por eso, la evaluación es necesaria para tratar los prejuicios y también para saber si se utilizaron correctamente el esfuerzo y la inversión. Pero, además, es la única vía consistente para indicar las correcciones de rumbo que se hiciesen necesarias para alcanzar los puntos de llegada. Sin embargo, una primera lectura de los componentes de evaluación de los programas y de lo trabajos disponibles indica que la evaluación del cumplimiento de los propósitos específicos de los programas parece un aspecto hasta ahora menos resuelto en la acción mediante este tipo de estrategias. Resolver las situaciones de fracaso escolar y exclusión educativa requiere que las iniciativas se sostengan en el tiempo, que se las monitoree y evalúe y que se aprenda de ellas. Uno de los desafíos, entonces, es fortalecer las capacidades de planificación, sistematización de información y evaluación de las agencias estatales y otros organismos o instituciones involucradas en los programas o proyectos. Pero puede decirse que todavía es escasa la información disponible sobre evaluación de los programas de mejora de las condiciones de la escolaridad, del aprendizaje y de disminución del fracaso. También es posible apreciar que muchas de estas evaluaciones destacan la apreciación de productos pero avanzan en menor grado en la evaluación de efectos o de impacto. De ese modo se tiene más clara noción de la envergadura de las acciones llevadas a cabo que de los resultados que ellas produjeron. En síntesis, se propone una revisión de los componentes de evaluación en distintos proyectos de mejora teniendo en cuenta que la información insuficiente o la limitada utilización de la información disponible es un aspecto problemático en las políticas educativas. Pero los requerimientos de evaluación responden no solo a una cuestión de transparencia o de control de gestión. También sirven para aprender de lo realizado y resulta de gran importancia como acumulación de experiencia y de información sistemática para extraer conclusiones valederas sobre las estrategias, mejorar los dispositivos o la implementación o realizar proyecciones adecuadas sobre las posibilidades de aumentar la escala de intervención. En última instancia, la evaluación forma parte de la mejora y permite utilizar cada caso como una fuente de aprendizaje en el espacio siempre incierto que abre la relación entre políticas y acciones.