Escuelas dotadas con talleres, salas de industria, maquinarias, laboratorios y campos productivos; alumnos sembrando y podando en fincas, operando diversos equipos y elaborando diferentes productos; profesores dictando clases en aulas amplias e indicando a los estudiantes el uso correcto de distintas herramientas; miembros de la comunidad apoyando a las entidades educativas en sus emprendimientos y productores y empresarios contratando a los egresados con confianza en la formación adquirida por ellos. Ésta es la imagen que los argentinos podemos llegar a hacernos respecto a lasinstituciones educacionales de modalidad técnico agropecuaria y ésta es, en buena medida, la realidad que tales centros deberían experimentar. No obstante, la situación de los colegios agrotécnicos de gestión oficial de la provincia de Mendoza evidencia un cuadro significativamente distante del descripto. Esto es así ya que muchos de ellos carecen de edificios adecuados; de terrenos destinados a cultivos; de instrumentos de trabajo para realizar prácticas; de recursos para adquirir los insumos necesarios y, consecuentemente, de reconocimiento social respecto a la educación impartida en ellos. Si esta condición resulta inadmisible en líneas generales ya que está ampliamente demostrado que la disponibilidad de recursos de capital influye significativamente en la calidad de la enseñanza impartida por tales instituciones educativas, es más reprochable en la actual circunstancia de Argentina en la que la economía se centra en la producción nacional y en las exportaciones, actividades en las que el sector agropecuario presenta principal importancia. Es por ello que se considera pertinente proponer una línea de actuación gubernamental destinada a solucionar la problemática evidenciada por dichos colegios, labor en la se centra el presente trabajo. En este sentido el análisis de las transformaciones generadas en el plano educacional y de la evolución sufrida por el Estado, la sociedad y las vinculaciones imperantes entre ambos sectores en los últimos veinte años, llevan a considerar que tal política podría involucrar el establecimiento de mecanismos de articulación entre el ámbito gubernamental y el social como estrategia fundamental para alcanzar el objetivo propuesto. Esto es así ya que la significativa reducción del rol del Estado operada en la década de los ́90, unida al notable incremento cuantitativo exhibido por las organizaciones de la sociedad civil; a la relevante capacidad de actuación manifestada por muchas de ellas; a la coordinación cada vez más frecuente de acciones entre éstas y el gobierno y a la tendencia hacia la participación de la sociedad en la educación generada a partir del proceso de reforma educativa desarrollado en el país, sientan las bases para poder proponer la actuación conjunta de las esferas social y estatal como alterativa viable para contribuir a superar las dificultades imperantes en los centros educativos agrotécnicos."