El trabajo se propone analizar la política educacional implantada en los ́90 y sus consecuencias. Retoma cuestionamientos realizados, al debatirse la Ley Federal, por el carácter subsidiario, asistencialista y de agencia de control y evaluación asignado al Estado, la modificación de la estructura del sistema y la consecuente desaparición de la enseñanza secundaria. Se muestra como una política articulada con la transformación económica, social y cultural que condujo al país a la peor crisis se su historia, por la reestructuración del Estado, la distribución de la renta nacional, el nivel de ocupación, los montos y el carácter de la inversión en educación, ciencia y tecnología. Se analiza el proceso en que se reemplazaron las propuestas democratizadoras por el discurso de la “equidad”, la “calidad”, la “eficacia” y la “eficiencia” a través de la legislación acordada con los organismos internacionales. La Ley de Transferencias (1991), la Ley Federal de Educación (1993), la Ley de Educación Superior (1995) y normativa de menor nivel (decretos, resoluciones ministeriales, circulares, etc.) llevaron adelante, casi sin distorsiones, ese proyecto político. Se acentúa la descentralización del gasto y la centralización de los ingresos, impidiendo una justa distribución de recursos entre Nación y provincias. Se señala la desaparición del nivel medio como una de las medidas de más graves consecuencias pedagógicas y sociales por la disminución del número de años, el vaciamiento de sus contenidos científicos y humanísticos y la pérdida de uno de sus objetivos históricos: la preparación para el acceso exitoso a la enseñanza superior. Se presentan consecuencias cuantitativas, se identifican situaciones comunes con respecto a las formas de ejercicio del poder, las relaciones entre Nación y provincias, el gobierno de las instituciones y del sistema educativo, las responsabilidades asignadas al Estado para, finalmente, señalar continuidades en la política actual