Las escuelas pobres para “pobres” cristalizan la brecha social y profundizan las desigualdades. En un sentido contrario, como parte de un círculo virtuoso, las condiciones materiales de las escuelas pueden tener un efecto redistributivo e impactar positivamente sobre el aprendizaje, contrarrestando la incidencia del nivel socioeconómico. Por eso, el acceso a un entorno de aprendizaje adecuado es un derecho prioritario para los alumnos de sectores vulnerables. Este estudio analiza en qué medida la oferta del sistema educativo reduce, reproduce o amplía las desigualdades sociales en la escuela. Más específicamente, se investiga cuál es el grado de correlación entre el nivel socioeconómico de los alumnos y la disponibilidad de recursos educativos en las escuelas públicas de la Argentina. Para eso, se consideraron una variada cantidad de insumos y condiciones para el aprendizaje: recursos materiales y didácticos, características edilicias de las escuelas, servicios alimentarios, tiempo escolar, alumnos por docente, acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cantidad y perfil de directivos y docentes, y enseñanza de idiomas extranjeros. Esta información fue obtenida de las bases del Relevamiento Anual del año 2009 y del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) de 2007, que incluyó un cuestionario a alumnos que permite caracterizar su nivel socioeconómico. El estudio revela que la mayoría de estos recursos se distribuye entre las escuelas públicas de manera homogénea, independientemente del nivel socioeconómico de los alumnos. Sin embargo, en distintas provincias, otro conjunto significativo de recursos (como los espacios edilicios diferenciados, el acceso a Internet, los recursos materiales y didácticos, y los docentes de computación e idiomas extranjeros, por ejemplo) es asignado de manera regresiva —se beneficia más a los alumnos con mejor situación socioeconómica—. Por el contrario, son escasas las variables, como los servicios alimentarios, que benefician más a los sectores vulnerables. De la investigación realizada se desprende la necesidad de crear un sistema de medición de la distribución de la oferta entre las escuelas que produzca información objetiva para que los ministerios de educación nacional y provinciales puedan direccionar sus prioridades de financiamiento hacia las escuelas a las que asisten los alumnos con mayores necesidades socioeconómicas