Avanzar hacia una distribución más justa de la oferta educativa constituye un reto ineludible para reducir las desigualdades sociales de los alumnos en la Argentina. Pero garantizar el derecho a una educación de calidad en los contextos rurales es un desafío aún más grande. Para cumplir este objetivo en un escenario dominado por la pobreza y el aislamiento es necesario enfrentar la exclusión educativa y la escasez de recursos materiales y humanos. En esta investigación se indaga en qué medida la acción del sistema educativo reduce, reproduce o amplía las desigualdades sociales de los alumnos que asisten a escuelas rurales. Más específicamente, se analiza cuál es el grado de correlación entre su nivel socioeconómico y la disponibilidad de recursos educativos en las escuelas rurales a las que asisten. Para ello, se utilizó la Encuesta sobre Educación y Desarrollo Rural 2011 —realizada por la Red Comunidades Rurales a directores de escuelas rurales de todo el país— en la que se consideraron una gran cantidad de variables: características edilicias, recursos materiales y didácticos, servicios alimentarios, tiempo escolar, alumnos por docente, acceso a nuevas tecnologías, cantidad y perfil de directivos, y oferta pedagógica (inglés, educación física, música y educación artística). La encuesta reveló que la mayoría de estos recursos se distribuyen de manera homogénea entre las escuelas rurales a las que se pudo acceder, independientemente del nivel socioeconómico de los alumnos. Sin embargo, otro conjunto significativo de recursos es asignado de manera regresiva —es decir que se beneficia a los alumnos más favorecidos—, como los espacios edilicios diferenciados (laboratorios o salas de computación), el acceso a Internet y los recursos materiales, por ejemplo. Por el contrario, la oferta que beneficia solo a los sectores más vulnerables es escasa; y cuando esto sucede, el grado de progresividad resulta moderado, como en el caso de los servicios alimentarios. El trabajo concluye que la principal explicación de este esquema de distribución —que favorece la reproducción e incluso la ampliación de las desigualdades entre los alumnos— se encuentra en las falencias de planeamiento y gestión estatal de la educación. Por eso, se recomienda crear un sistema de medición de la distribución de la oferta entre las escuelas que brinde información objetiva a los ministerios de educación de la Nación y de las jurisdicciones, para que puedan direccionar sus prioridades de financiamiento hacia las escuelas a las que asisten los alumnos con mayores necesidades socioeconómicas. Por último, se destaca el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de reducción de las desigualdades educativas en el ámbito rural, y la utilidad de los resultados de esta investigación para decidir el tipo, alcance y foco tanto de las intervenciones a realizar como de las localidades a privilegiar. En este sentido, se estima que, con la debida capacitación, la metodología que hemos utilizado puede ser replicada y adaptada a sus necesidades para ganar efectividad en sus intervenciones y en el proceso de incidencia para reducir las desigualdades educativas en el ámbito rural