La inclusión digital se ha convertido en una necesidad de las personas para interactuar y educarse. El Programa Conectar Igualdad, impulsa el uso de una computadora portátil por alumno, con conexión a Internet, , combinando el trabajo escolar con otras actividades de aprendizaje autónomo. Así, la tecnología alcanza tanto al alumno como a su grupo familiar. Trasciende la escuela con implicancias sociales y comunitarias que nos interpelan sobre el surgimiento de un nuevo derecho humano a la inclusión digital educativa. Esta investigación busca indagar sobre la justificación jurídica al derecho a la inclusión digital educativa, como un derecho garantizado constitucionalmente en la Nación y en las provincias. Plantea como hipótesis que su justificación se encuentra en la cláusula del progreso de la C.N. Busca partir de la reseña histórica sobre “la cláusula del progreso”, para reflexionar sobre su relevancia actual y sobre los principios rectores que enuncia, en particular los relativos a la educación, con el fin de hallar una respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Contribuyen las Tics, a la educación y al desarrollo humano?, ¿La inclusión digital educativa es una necesidad universal de los estudiantes?, ¿Estamos ante un nuevo derecho constitucional a la inclusión digital educativa?