En el presente artículo se analizan críticamente algunas características de las políticas sociales y educativas implementadas en nuestro país durante la última década, considerándose principalmente el caso del Plan Jefas de Hogar (Mendoza, 2000-2003). La especificidad de este programa de ingreso mínimo radica en que la contraprestación exigida a las beneficiarias es educativa. Las conclusiones a las que se arriba en relación a la temática de políticas públicas se enmarca en el debate acerca del tipo de estrategias necesarias para la superación de la crisis estructural de comienzos de la década.