A partir del año 2010, en la Provincia de La Pampa se implementa la nueva reforma educativa a través de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (2006) y de la Ley de Educación Provincial Nº 2.511 (2009). Ambas normativas proponen, como elemento destacado, una nueva estructura del sistema educativo, se crea de esta manera lo que se denomina el Nuevo Secundario, planteando una nueva estructura curricular y la extensión de la obligatoriedad desde la sala de 5 años hasta la culminación del nivel secundario y se establece el compromiso que asumen el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, conjuntamente con las autoridades jurisdiccionales, a efectos de asegurar el cumplimiento de la misma a través de una diversidad de alternativas que atiendan a las necesidades de los distintos colectivos sociales. Así, el cumplimiento de la obligatoriedad representa un desafío para las políticas educativas ya que supone garantizar el acceso, permanencia y terminalidad de sectores sociales que no fueron los destinatarios históricos del Nivel Medio; asumiendo como finalidad, “la de habilitar a los / las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios” (LEN, artículo 30). En este marco, en el año 2010 se crea por decreto (459/10) el Programa “Conectar Igualdad” (PCI) apuntando a garantizar las oportunidades de acceso y uso de las TIC. La relevancia social y política de una escuela que favorezca la integración de las TIC queda explicitada en la Ley de Educación Nacional (N° 26.206) al plantear en sus artículos 7 y 8 que “el Estado garantiza el acceso de todos/as a la información y al conocimiento como instrumento central de la participación en un proceso de crecimiento económico y justicia social” y que “la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”. Es responsabilidad del Estado Nacional, garantizar equidad en el acceso a las TIC tanto para favorecer la circulación y producción de conocimiento como la inclusión social, cultural y educativa. Dicha inclusión cobra sentido por sus aportes a la mejora del aprendizaje y la enseñanza. La integración de las TIC en el ámbito de las instituciones educativas implica repensar tanto la configuración institucional como las prácticas de enseñanza, el diseño y desarrollo curricular, así como el trabajo de docentes y alumnos en las aulas, orientados a integrar estas herramientas y recursos en la formación de ciudadanos críticos, creativos y responsables, con nuevos perfiles formativos para el mundo del trabajo. Es propósito de este trabajo compartir los resultados de un estudio sistemático de indagación cualitativa que a través de entrevistas semi-estructuradas, abordó las dimensiones pedagógicas, institucionales y sociales de la implementación del PCI, además las potencialidades y aspectos críticos a nivel de las escuelas secundarias y en la vida de los sujetos involucrados. Se analizan en esta presentación las percepciones (expectativas y valoraciones) de los directivos acerca de la implementación y desarrollo del PCI. Las indagaciones realizadas nos permiten hipotetizar que los directivos de escuelas secundarias portan una visión de la tecnología (de la mano del Programa Conectar Igualdad) como impulsora del cambio social y por ello, necesaria de ser integrada en la enseñanza, pero alertan sobre aspectos críticos, tales como: las resistencias que surgen por la falta de capacitación y/o alfabetización digital; la carencia de modificaciones en las prácticas de la enseñanza que no resultan adecuadas para los estudiantes del siglo XXI, que tienen un muy buen manejo de la tecnología pero no siempre la utilizan para construir aprendizajes formales.