El proyecto estudia los modos de construcción de la política pública en el campo educativo en el nuevo escenario latinoamericano caracterizado por la asunción de gobiernos que, con diferentes énfasis y no pocas contradicciones, buscan reposicionar la centralidad de la política y el papel del Estado para garantizar el derecho a la educación. Esta nueva etapa política en América Latina se caracteriza por la oposición –con distintos matices– al consenso reformista de los 90 y por la recuperación del Estado en la definición e implementación de las políticas públicas (Sader, 2008; Moreira et al., 2008; García Linera, 2010). Neoliberalismo y posneoliberalismo con diversos formatos (Ceceña, 2008) conviven de manera compleja y contradictoria en un escenario en el que prima la búsqueda de integración regional. El posneoliberalismo designa diferentes grados de negación del modelo neoliberal pero todavía constituye un conjunto híbrido de fuerzas que componen alianzas sobre las cuales se basan los nuevos proyectos. La actual configuración de América Latina es la de una crisis hegemó- nica en la que la construcción de un modelo superador y un nuevo bloque de fuerzas encuentra dificultades para imponerse (Sader, 2009). Las políticas educativas no permanecen al margen de estos procesos y es por ello que pueden identificarse líneas de continuidad y/o profundización de las reformas de la década de los 90 así como intentos de implementar medidas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la educación. En el campo educativo, los discursos críticos al modelo neoliberal acompañan propuestas y políticas que ponen en evidencia elementos de ruptura pero también continuidades respecto de las que se implementaron en las últimas décadas (Feldfeber, 2010; Imen, 2011). En la Argentina, las políticas sociales y educativas de los últimos años se proponen, desde un discurso fundado en el derecho ciudadano, construir modelos más integrales de intervención, basados en un rol más activo del Estado en la garantía del derecho a la educación, en la promoción de la unidad del sistema educativo nacional y en el diseño de políticas inclusivas y más igualitarias fundadas en principios universales. Sin embargo, aún siguen vigentes ciertos aspectos básicos de la política educativa de los 90 (Feldfeber y Gluz, 2011). Al mismo tiempo, nuevos movimientos y actores colectivos buscan establecer otras formas de construcción política en el campo educativo (Zibechi, 2005; Gluz, 2010,¸2011). Su contribución radica en la creación de nuevas institucionalidades que intentan configurar modos de deliberación y dirección ligados a la construcción colectiva de lo común. Se encuentran tensionadas por la fragmentación tanto de los propios movimientos (Svampa, 2008) como por la del sistema escolar en su conjunto. No obstante, van tejiendo redes reivindicativas frente al Estado desde las cuales articulan debates sobre la educación popular, socializan sus experiencias y contribuyen a consolidar propuestas emergentes (Burgos, Gluz y Karolinsky, 2008; Gluz, 2010; Karolisnky, 2010). Las transformaciones en los modos de regulación de las políticas educativas, en las formas de gobernar los sistemas educativos y en el papel que el Estado y los sujetos colectivos asumen en la direccionalidad de la educación orientan las discusiones y perspectivas del equipo de investigación